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Un Estado se rinde

By: psr | 2006-07-22

Hay quien dice que las víctimas del terrorismo en España no pueden opinar sobre cómo acabar con el terrorismo. En este artículo quiero desmontar esa afirmación, aunque en primer lugar es necesario aclarar a qué nos referimos con acabar con el terrorismo.

Por acabar con el terrorismo se debe entender el cese del uso de la intimidación, la extorsión, el miedo, la violencia, el asesinato y toda conducta que amenace la libertad individual. No tiene cabida matiz adicional alguno en esta definición.

Las actuaciones del actual Gobierno Español en “materia antiterrorista” (como se suele decir) han propiciado amplio debate sobre el mal llamado proceso de paz para conseguir el fin de… ¿.. de qué? Unos dicen “el fin del terrorismo” mientras otros hablan del “fin del conflicto”. Lo que necesitamos es el fin de ETA: el fin del terror y del miedo impuesto. El “fin del terrorismo” es el fin de todas las actividades liberticidas. Por supuesto, ETA no habla del fin de sus actividades violentas, sino del “fin del conflicto”, refiriéndose a una supuesta opresión que España ejerce sobre los ciudadanos del País Vasco. El día que vea un ejemplo claro y documentado de cómo el estado oprime a un ciudadano (sea en el País Vasco o en otra parte del territorio), entonces se podrá hablar de “conflicto”. Por ahora, la única situación conflictiva que tenemos es que ETA ha asesinado, mutilado y amenazado a un buen montón de personas, que han perdiendo su vida o su libertad.

El único tema urgente sobre la mesa es el fin de cualquier actividad que limite la libertad de las personas. Para conseguirlo, existen una serie de recursos muy sencillos: se llaman “leyes”, y basta con aplicarlas. Una vez garantizada la libertad y la seguridad de las personas, cualquier planteamiento político que se desee hacer es válido, a través de los mecanismos existentes para ello (que no incluyen la colocación de bombas ni el asesinato).

El Gobierno debe centrase estrictamente en la aplicación de la ley para detener cualquier actividad criminal o ilegal, para cumplir con su tarea: garantizar la seguridad de las personas, ya que sin seguridad no hay libertad. Esas leyes nos permiten minar las fuentes de financiación y las redes de organización de los criminales. También permiten la detención y procesamiento de los criminales. La respuesta a las actividades delictivas no puede ser otra que la estricta aplicación de la ley. Si fuese de otra forma, habría que preguntarse: ¿para qué existe la ley? Es posible que la ley esté desfasada, o que su redacción y aprobación fuese deficiente. En ese caso lo que debe hacer el Gobierno es modificar la ley, pero no debe sencillamente ignorarla ni hacer interpretaciones variables de la misma.

La situación actual en España es que el Gobierno prefiere hacer una aplicación suave y cómoda de la ley, para no enfadar a los criminales y asesinos. Así, lo que ha conseguido es legitimar unas tácticas del juego que hasta ahora eran inaceptables.

A partir de ahora, poner bombas y matar gente sin arrepentirse de ello es una forma aceptable de iniciar un diálogo. En vez de dedicarse exclusivamente a detener y procesar a los criminales y asesinos, el Gobierno acepta sentarse a dialogar con los asesinos de ETA, aun cuando estos no se han retractado un ápice de sus acciones violentas, y mientras las actuaciones liberticidas de ETA siguen vigentes (los atentados y la extorsión no han cesado desde el anuncio etarra de “alto el fuego permanente”). Hay que recalcar, en cualquier caso, ese anuncio y nada son la misma cosa: en dicho anuncio no había ninguna novedad en el discurso de ETA, ya que ni renunciaban a sus tácticas de ataque a la libertad de las personas, ni renunciaban a las actividades criminales, ni renunciaban a sus pretensiones territoriales e independentistas.

Está por ver sobre qué asuntos piensan dialogar. Es más: ¿tienen pensado negociar?. ¿Qué se puede negociar? ¿La integración del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés en un único territorio independiente? ¿La reducción de penas a los presos? Supongo que el Gobierno debe tener una serie de monedas de cambio para discutir en ese diálogo con ETA. Pues vale. Si usan una sola de ellas a cambio de que ETA deje la extorsión, la amenaza y las armas, esto quiere decir que es rentable asesinar y extorsionar. Asesine usted a gusto, que obtendrá lo que quiere, o parte de lo que quiere.

Bonito panorama tenemos dibujado en España.

Esa política de rendición del estado ante un grupo de criminales es completamente inaceptable. No tiene cabida el trato con los asesinos. Tenemos unas leyes para establecer un cierto orden y unas reglas de funcionamiento. Para aquellos que las ignoran, tenemos una serie de penalizaciones establecidas, con el único propósito de intentar mantener el orden. No se pueden hacer excepciones ni concesiones, pues esto anularía la razón de ser esencial de un Estado de Derecho. Resulta que España es un Estado de Derecho (artículo 1 de la Constitución Española vigente), así que no hay exageración alguna al decir que el actual Gobierno de España ha dejado al Estado de Derecho tocado y con peligro de hundimiento.

Reitero que si al Gobierno no le gusta verse obligado a cumplir las leyes, tiene la opción de cambiar la Constitución para que España no sea un Estado de Derecho. Tenemos una serie de procedimientos para modificar la Constitución.

Así pues, ¿tienen derecho a opinar las víctimas del terrorismo sobre cómo acabar con el terrorismo? Por supuesto, al igual que todos los otros ciudadanos del país. Las víctimas probablemente tengan unos sentimientos mucho más duros contra los asesinos, pero no piden nada irreal. Piden lo único exigible al Gobierno: que haga cumplir la ley, garantice la seguridad y mantenga efectivo el Estado de Derecho.

El argumento de que las víctimas están demasiado afectadas y no pueden opinar con claridad sólo puede venir de un necio, que considera que sin embargo, asesinos y criminales sí tienen autoridad para opinar. El estado emocional de las víctimas no les inhabilita para opinar: precisamente su estado emocional es el resultado de las acciones criminales de ETA, que es quien en un primer momento ha incumplido la ley y quien han violado los derechos humanos de otras personas. Las concesiones a ETA y el diálogo con ETA no son aceptables, pero ese es el indignante camino que está tomando el actual Gobierno Español.